John Jairo Aguirre Castaño, titular de salud en la Villa de Céspedes, manifestó frente al tema que si bien es cierto el nivel de contagio es alto, se está trabajando en el interior del penal para tratar de contrarrestar al máximo la propagación del virus.
“Desde que se detectó el primer caso en nuestra ciudad, la Administración Municipal le ha brindado especial atención a la cárcel, pero lamentablemente llegó y ahora las acciones están orientadas a frenar su expansión, pues el nivel de hacinamiento es alto al contar con más de 1.500 personas en este sitio”, indicó Aguirre Castaño.
Añadió que como parte de las acciones de control se ha destinado el servicio de dos enfermeras que están todos los días haciendo el monitoreo y tan pronto se reporta un caso sospechoso se activa el protocolo correspondiente y se activa la ruta hospitalaria, si es el del caso.
Mantener la calma
Frente a las posiciones que asumen los ciudadanos y que se manejan a través de las redes sociales y los medios de comunicación exigiendo la adopción de medidas especiales, el funcionario consideró que las mismas no son necesarias, pues el nivel de contagio fuera de la cárcel se mantiene estable y con las variaciones normales.
“Hay gente que pide aislar la periferia del centro de reclusión, pero como se ha dicho siempre el coronavirus no viaja por el aire y se da por el contacto directo y en eso estamos tranquilos pues los afectados por su condición legal están confinados y eso aminora el riesgo de propagación”, explicó.
Tuluá entre los priorizados
No cabe duda que la situación registrada en la cárcel puso a Tuluá en la mira de las autoridades sanitarias, a tal punto que ingresó a la lista de los ocho municipios priorizados en el Valle del Cauca.
Esa priorización ha hecho que, desde la Secretaría de Salud Departamental, se haya ordenado la asignación de ventiladores que estarán ubicados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Tomás Uribe Uribe para de esa manera tener capacidad de respuesta ante la situación que se vive de manera especial en el centro de reclusión y que según los expertos podría empeorar con el paso de las horas.
Familiares piden claridad
A pesar de que las directivas han expresado y entregado mensajes de tranquilidad, los familiares de las 1.519 personas privadas de la libertad sienten que no se les dice la verdad y temen que lo peor esté por venir.
Paola Rojas, vocera de la fundación Casa de la Libertad en Tuluá, entidad que lidera la recolección de panela, jengibre, limones, menta (vegetal) para que se preparen bebidas calientes y les sumistren a los internos, dijo que es lamentable la poca información que se suministra.
“Estamos a expensas de las informaciones que los propios reclusos nos envían clandestinamente, porque las directivas se limitan a dejar la responsabilidad de informar a la dirección del INPEC o a la Secretaría de Salud, entidad que no ha resultado un interlocutor válido” asegura la vocera.
Añade que la angustia es general entre las familias y exigió a entidades como la Personería o Defensoría del Pueblo intervenir con contundencia.
