El pronunciamiento del Ministerio Público se dio luego de que la defensa del funcionario solicitara una vigilancia especial, con la intención de que se retirara a la Personería la competencia sobre la investigación. Tras analizar el caso, la Procuraduría respaldó de manera expresa la actuación del ente municipal, validando tanto el procedimiento como la sanción impuesta en primera instancia.
Con esta decisión, queda cerrada cualquier posibilidad de controversia por la vía ordinaria, más aún si se tiene en cuenta que la defensa no presentó recurso de apelación contra el fallo inicial, permitiendo que la decisión disciplinaria adquiriera plena firmeza jurídica.
Según lo establecido en el proceso, Posada Rosero incurrió en una falta gravísima a título de dolo, al aportar documentación falsa para acreditar experiencia laboral y cumplir con los requisitos exigidos para acceder a un cargo público. Dichos documentos habrían sido utilizados para su nombramiento, al inicio del actual periodo administrativo, como secretario de Desarrollo Institucional durante la administración del alcalde Gustavo Vélez.
En cumplimiento del fallo, la Procuraduría notificó oficialmente al alcalde de Tuluá, otorgándole un plazo de tres días hábiles para ejecutar la decisión y proceder con la separación definitiva de Robert Posada Rosero del cargo que venía desempeñando.
Este episodio se suma a otros reveses disciplinarios dentro de la actual administración municipal, convirtiéndose Posada Rosero en el segundo funcionario cercano al alcalde Vélez destituido en menos de dos años.
