Los sacos, además de afear el espacio, se convierten en agentes de contaminación para el sector.
Vale la pena señalar que la Resolución 472 del 28 de febrero de 2017, a través de la cual el Ministerio del Medio Ambiente fijó las pautas para el manejo y disposicion final de los deshechos de construcción, aplica a todas las personas naturales y jurídicas que generen, recolecten, transporten, almacenen, aprovechen y dispongan estos elementos resultantes de las obras civiles o de otras actividades conexas.
La norma brinda lineamientos para el aprovechamiento y disposición final de los RCD, mediante la implementación de instrumentos y reglas para las instalaciones de gestión como los puntos limpios y plantas de aprovechamiento, en donde se llevarán a cabo la separación y el almacenamiento temporal con las condiciones mínimas de operación, tarea en la que el municipio de Tuluá tiene falencias graves, pues no hay indicios de su implementación.
La no aplicación de la norma ha hecho que la ciudadanía no disponga de manera adecuada estos deshechos, tarea que se ha dejado bajo la responsabilidad de los carretilleros.
La foto que acompaña esta denuncia es una más que se suma a una lista larga de publicaciones similares y que ameritan que la secretaría de Asistencia Agropecuaria y Medio Ambiente como responsable del tema se pronuncie.
