Un nuevo capítulo se abrió en la novela de la cesión del bien inmueble que hoy ocupa el IMDER y que mediante un acuerdo municipal que le concedió tales facultades, el alcalde John Jairo Gómez Aguirre había decidido entregar al Instituto de Desarrollo Financiero, Infituluá, para que esa entidad trasladara allí sus oficinas.
La determinación que generó una amplia discusión en el seno del Concejo que al final arrojó que la cesión se materializara con 10 votos a favor y 7 en contra, se trasladó al campo académico y desde el Centro de Historia de Tuluá se levantaran algunas voces de rechazo a la iniciativa por considerar que la vieja casona, que alguna vez fue cárcel, era un patrimonio cultural.
Pese a las discusiones que se dieron y a la exposición de argumentos de parte y parte el debate continuó y tras ser aprobado, el Acuerdo que facultaba al alcalde a ceder en comodato la edificación, pasó a control legal del Departamento Jurídico de la Gobernación, despacho que tras hallar visos de ilegalidad en el documento optó por remitirlo ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle.
La máxima instancia administrativa del departamento avocó la revisión del controvertido Acuerdo Municipal y tras la revisión de fondo decidió, en un fallo de única instancia, anularlo en su totalidad, negando así la posibilidad de entrega del inmueble ubicado en la carrera 26 con calle 28 al instituto financiero de los tulueños.
Las reacciones
Para el exalcalde de Tuluá, arquitecto Francisco Javier Gálvez Giraldo, una de las voces que junto al abogado Armando Russi se levantó en contra de la iniciativa, la determinación del Tribunal es un espaldarazo a la lucha que se ha dado desde los diferentes sectores para la preservación de los bienes patrimoniales y culturales. “Es una decisión que le da la razón a quienes con argumentos nos opusimos al acto del señor alcalde y es una línea que se traza para abrir una discusión amplia en torno a crear políticas que coadyuven a preservar los bienes que son patrimonio del pueblo”.
Para el concejal Alexánder Agudelo, la determinación del Contencioso, obedece a una mala interpretación de la norma e insistió en su argumento que si bien es cierto ese es un bien que hace parte de los considerados patrimoniales, no lo es en el ámbito cultural y de hecho no existe evidencia alguna de registro como tal ante el Ministerio de Cultura.
“Contrario a lo que se dijo por parte de quienes se opusieron al Acuerdo, la finalidad de la Administración Municipal era ponerle un doliente a la propiedad y en ningún caso se habló de venderlo o destruirlo, la real intención era su conservación y lograr que Infituluá estuviera en el centro de la ciudad y de paso se ahorrara los millones que hoy paga por concepto de arrendamiento en la sede del barrio Alvernia”, puntualizó Agudelo Colorado.
