El pasado jueves en el llamado Día de la Comunidad, un grupo de ciudadanos que han conformado la veeduría al proceso de actualización catastral tomó parte en la sesión plenaria del Concejo Municipal de Tuluá para solicitarle a los integrantes de esta célula administrativa que tome parte activa en el proceso de reclamación que, desde los distintos sectores, vienen haciendo frente al tema de la actualización catastral que en su fase inicial impactó los predios de la zona rural plana y media del municipio.
Fernando Trujillo, vocero de la mencionada veeduría, le dijo a EL TABLOIDE que se espera que tal como ha ocurrido en otras zonas del país los concejales de la Villa de Céspedes decidan tomar parte activa y acogiéndose a el articulo 10 de la 14 de 1993 le soliciten al ejecutivo suspender la aplicación de los avalúos hasta tanto no se corrija la metodología utilizada por parte de los técnicos de Valle Avanza, el operador contratado por el municipio para adelantar dicho proceso.
Notaron poco interés
Precisó el dirigente comunitario que la sesión del jueves lo dejó con un sin sabor porque no se contó con la participación de todos los cabildantes de manera presencial, algunos hicieron presencia desde la virtualidad y varios de los ediles asumieron posiciones ambiguas o simplemente guardaron silencio y para colmo de males estaban más pendientes de celebrar un cumpleaños que de la sesión como tal.
«Lo que uno espera es que los integrantes de ese órgano de poder local revisen los documentos existentes y decidan no ser mas convidados de piedra y entrar a hacer parte de la solución a una problemática que tiene en jaque a los campesinos que ha sufrido rigores de los excesivos cobros del impuesto predial por parte de la Administración Municipal», dijo Trujillo.
Llamó la atención del dirigente cívico que el Ejecutivo y y algunos concejales de la coalición anden con espejo retrovisor en la mano y pretenden responsabilizar de estos errores evidentes a los gobiernos anteriores. «Lo llamativo del caso es que el ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román fue alcalde entre el 2016 y 2019 y era a él a quien le tocaba hacer la actualización en su segundo año de gobierno y no lo hizo, lo que quiere decir que este desafuero actual también es su responsabilidad», precisó.
Hay que actualizar el estatuto
En su intervención ante los concejales, el abogado Trujillo aseguró que en este proceso se han cometido una gran cantidad de errores y uno de ellos es la aplicación del Estatuto Tributario que está vigente desde 2016 y no se ha actualizado conforme a la Ley 1995 del 2019 que estableció unos topes en los cobros de los impuestos. «El primer error que se cometió fue adelantar un proceso de cobro de manera irregular, pues la normativa que le cito tiene establecidos los porcentajes para los cobros, ahora se están dando cuenta que tienen que actualizarlo», puntualizó.
