Los líderes de la protesta señalaron que fueron convocados a una mesa de diálogo con entidades como la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Igualdad, pero aseguran que los representantes oficiales no asistieron, lo que consideran un desaire hacia sus comunidades. Ante esta situación, anunciaron el cierre total de la vía como medida de presión.
“Este acto nos demuestra que las viejas prácticas de racismo y desprecio hacia nuestros pueblos siguen vigentes. La dignidad no se negocia y seguiremos en resistencia hasta que el Estado cumpla su responsabilidad”, señala el comunicado de los consejos comunitarios, donde además exigen respeto del Gobierno Nacional y garantías para el proceso de titulación de sus territorios, en el marco de la Ley 70 de 1993.
El bloqueo ha dejado incomunicada esta importante arteria vial del norte del Valle en ambos sentidos, generando largas filas de vehículos de carga, transporte público y particulares que buscan llegar a municipios como Buga, Tuluá, Cali y Buenaventura. Conductores reportan retrasos de varias horas en la movilidad y una creciente congestión en las rutas alternas. En la uribe, la policía de tránsito solo deja pasar vehículos que vayan para Sevilla, el resto se devuelven para Tuluá
Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de la Gobernación del Valle ni del Gobierno Nacional frente a la situación, mientras que los manifestantes advierten que la protesta será indefinida hasta que se instale un verdadero escenario de diálogo y se cumplan los compromisos con las comunidades afrocolombianas y campesinas de la región.
