Las EPS, los gestores farmacéuticos y casi todo el sistema de salud gestionado por los intereses corporativos privados han decidido intensificar el saboteo al sistema que afecta a millones de usuarios y lleva a algunos hasta la muerte, porque se viene el tercer debate de la reforma a la salud en la misma comisión del senado que ya la hundió una vez y hace dos semanas enterró la laboral.
Quieren deslegitimar el proyecto legislativo del gobierno, acaparando los medicamentos y ralentizando la atención al público. Los miserables dueños de este negocio se pegan de falacias como que el sistema lo desfinanció Petro cuando están las pruebas de que el ADRES les ha girado cumplidamente los recursos que han sido aumentados en sus justas proporciones.
Los medios corporativos ensimismados en su cinismo pretenden hacer creer a la gente que la crisis del sistema empezó en 2022 y no en 1993 con la ley 100 de Uribe. El gobierno actual ha liquidado solo 4 EPS pero entre los gobiernos de Pastrana, Uribe, Santos y Duque se liquidaron mas de 40 EPS, principalmente porque estas empresas se robaron las reservas técnicas que por ley debían tener y que suman más de $26 billones de pesos, algo que no nombran los defensores de este modelo criminal que, además, se han atrevido a decir que es el mejor del mundo.
De repeso, unos congresistas de derecha se han ido a quejar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que han odiado siempre. No les puede la desfachatez porque saben que si en este abril sepultan la reforma a la salud, niegan la consulta popular, y de paso la Corte Constitucional hunde la pensional, la indignación nacional se manifestará apoteósicamente el 1 de mayo y los alejará de su regreso en 2026.
