La modernización del transporte público en Tuluá es, sin duda, una necesidad inaplazable. Nadie desconoce que una ciudad que crece requiere soluciones eficientes, sostenibles y modernas. Sin embargo, esa urgencia no autoriza a que se tomen atajos financieros ni que se transfiera, sin miramientos, la carga económica a los ciudadanos que ya enfrentan un periodo prolongado de dificultades económicas y un costo de vida que no deja de aumentar.
Hoy el proyecto “Mi Bus”, presentado por la Administración Municipal ante el Concejo, genera más dudas que certezas, especialmente en lo que tiene que ver con su financiación. La creación de una nueva tasa que recaería directamente sobre propietarios de motocicletas y vehículos particulares no solo es inoportuna, sino profundamente injusta. Se pretende que un grupo específico de ciudadanos sostenga un sistema que, aunque necesario, es responsabilidad del conjunto del municipio y, sobre todo, del Gobierno Municipal en su capacidad de gestión.
Lo que se le está proponiendo al Concejo y, por extensión, a los tulueños es simple: cargar sobre los hombros de quienes usan motos y carros un proyecto millonario cuya estructura financiera aún no ha sido explicada con claridad. Se habla de buses eléctricos, de puntos de carga, de infraestructura y de sostenibilidad, pero al día de hoy no se ha demostrado cómo se garantizará su operación sin que termine convirtiéndose en otra fuente permanente de cobro para la ciudadanía.
Tuluá no resiste un impuesto más. La economía de las familias vive uno de sus momentos más apretados en años recientes, y cada peso cuenta. No es responsable, ni técnica ni socialmente, proponer la creación de un gravamen para financiar un proyecto que debería gestionarse con recursos provenientes de otras fuentes: Gobierno Nacional, alianzas público-privadas, cooperación internacional, fondos de movilidad sostenible, regalías, reorientación presupuestal y optimización del gasto municipal.
Por esa razón, desde EL TABLOIDE expresamos con total claridad: no estamos de acuerdo con que este proyecto se financie con los recursos de los propietarios de motos y carros. Y vamos más allá: si la Administración insiste en sostener esta estructura tributaria como base del proyecto, lo más responsable es retirar la propuesta del Concejo Municipal.
Retirarlo no significa oponerse al progreso. Significa actuar con sensatez. Significa reconocer que una buena idea, como lo es mejorar el transporte público, puede naufragar si se construye sobre un cimiento económico débil, impopular y socialmente injusto. Significa, en últimas, hacer las cosas bien.
Tuluá necesita avanzar, sí, pero con equilibrio, con transparencia y sin improvisaciones fiscales. La ciudad requiere un sistema de transporte digno, moderno y ambientalmente responsable; pero no a costa de sacrificar el bienestar de miles de ciudadanos que ya cargan suficientes obligaciones. La solución no puede ser que los mismos de siempre sigan pagando los errores, las urgencias o los afanes de las administraciones.
Un transporte moderno es posible. Un mayor esfuerzo de gestión también. Lo que no es posible ni aceptable es financiarlo creando nuevos impuestos disfrazados de tasas. Si la propuesta no cambia, lo correcto es retirarla.
