El desalojo se produjo después de varios años de disputas judiciales. La vivienda pasó a manos de la empresa Urbagestión, que estableció un nuevo alquiler de 2.650 euros mensuales, frente a los 500 euros que Maricarmen venía pagando. La propietaria rechazó distintas propuestas para aplazar o evitar el lanzamiento.
Durante la salida, decenas de vecinos y activistas se concentraron frente al edificio para respaldarla. La Policía tuvo que retirar a personas que intentaban impedir el procedimiento, mientras la mujer era llevada hacia el vehículo sanitario.
El caso se convirtió en uno de los nuevos focos del debate sobre el acceso a la vivienda en España, donde los precios del alquiler continúan elevados. Según Idealista, el valor medio del alquiler alcanzó en agosto los 15,1 euros por metro cuadrado, un 5,8 % más que un año atrás.
La situación también generó un enfrentamiento político. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó el desahucio como una “tragedia social” y cuestionó la actuación de las administraciones de Madrid. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que el desalojo se ejecutó por orden judicial.
Antes del desalojo, una escritora que prefirió mantener su identidad en reserva ofreció pagar la diferencia entre los 500 euros que Maricarmen podía asumir y los 2.650 exigidos por la propiedad. Sin embargo, la empresa no aceptó la propuesta.
El caso de Maricarmen ha quedado así en el centro de la discusión sobre el aumento de los alquileres, el acceso a la vivienda y la protección de personas mayores frente a los desalojos en las grandes ciudades españolas.
