Tras la votación en la que el Senado de la República rechazó la propuesta de consulta popular impulsada por el Gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro reaccionó con un duro pronunciamiento en el que denunció presuntas irregularidades en el cierre de la votación y calificó el resultado como un fraude político comparable al ocurrido el 19 de abril de 1970.
Según el mandatario, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, habría cerrado la votación de manera anticipada, a pesar de que ya se estaba alcanzando la mayoría necesaria para aprobar la iniciativa. «No se hundió la consulta popular. La hundieron con fraude», afirmó Petro, quien además advirtió que «estamos ante un fraude y el pueblo debe decidir».
No se hundió la consulta popular. La hundieron con fraude, como en un 19 de abril de 1970.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 14, 2025
El senador Efrain Cepeda sabedor que ingresaban los votos que la hacían mayoría, cerró la votación.
Estamos ante un fraude y el pueblo debe decidir.
Peopongo de inmediato la reunión de… https://t.co/oA1iwd3TbC
En un llamado directo a las organizaciones sociales, el presidente propuso una reunión inmediata con las centrales obreras, organizaciones campesinas, juntas de acción comunal, comités juveniles e indígenas, con el fin de definir colectivamente los pasos a seguir frente al escenario actual.
En medio de su declaración, Petro también dio una instrucción clara a la fuerza pública: no utilizar la fuerza contra la ciudadanía. «La orden como presidente de la República es que la fuerza pública no debe hacer uso de su fuerza contra el pueblo», enfatizó. El mandatario pidió que la presencia de los cuerpos de seguridad se limite a custodiar los edificios institucionales y garantizar la convivencia pacífica.
El presidente cerró su mensaje asegurando que «al pueblo no se le silencia con trampa» y declaró estar «listo para lo que el pueblo decida», subrayando que el futuro inmediato del país dependerá de la coordinación del movimiento social, dentro del marco constitucional.
Esta declaración presidencial eleva la tensión política y abre un nuevo capítulo en la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, en un contexto marcado por las dificultades del Gobierno para concretar sus principales reformas estructurales.
