Uribe, condenado en primera instancia a 12 años de prisión, argumentó en la carta que no desea acogerse a la prescripción y que, por el contrario, pide a los magistrados resolver de fondo el caso con base en las pruebas y la ley.
“La prescripción de la acción penal, que nunca he buscado y de la que no quiero beneficiarme, no puede privarle la oportunidad a la Sala de tener las condiciones materiales mínimas para proferir un fallo que, independientemente de su sentido, sea el resultado de un análisis sereno, ponderado e integral de la prueba”, señaló Uribe en el documento.
En el mismo escrito, agregó: “Pido entonces, Honorables Magistrados, acepten, en los términos del artículo 85 del Código Penal, la renuncia que hago al derecho de verme favorecido por la prescripción de la acción penal y que adopten, en mi caso, la decisión de fondo que en derecho corresponda, conforme sólo a lo probado en juicio, a lo que ordena la ley y lo que sea justo”.
¿Qué significa esta decisión?
La prescripción es una figura legal que extingue la posibilidad de sancionar penalmente a una persona si ha pasado cierto tiempo sin que se haya emitido sentencia definitiva. En el caso de Uribe, el plazo vence el próximo 16 de octubre. Con su renuncia, el expresidente evita que el proceso quede sin decisión y garantiza que el Tribunal dicte un fallo de fondo, ya sea confirmando, modificando o revocando la condena en su contra.
La determinación ha sido interpretada como un gesto político y jurídico con el que Uribe busca demostrar que no pretende dilatar su caso ni beneficiarse de tecnicismos procesales, sino que se le juzgue con base en las pruebas.
