A través de un comunicado, De La Espriella calificó como de “la mayor gravedad institucional” las recientes revelaciones periodísticas relacionadas con posibles negociaciones o actuaciones coordinadas entre miembros del Gobierno y esa organización criminal, y aseguró que los hechos exigen una respuesta inmediata por parte de las autoridades.
En ese sentido, instruyó al Comité de Empalme Anticorrupción para evaluar toda la información disponible y promover las denuncias penales, disciplinarias y demás acciones que resulten procedentes.
Asimismo, solicitó incluir dentro de la revisión al exalto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, con el fin de determinar si existen fundamentos jurídicos para iniciar acciones legales en su contra.
El mandatario electo también pidió que la información recopilada sea remitida, por los canales institucionales y diplomáticos correspondientes, al Departamento de Justicia de Estados Unidos para su conocimiento y eventual evaluación, en caso de que los hechos puedan tener implicaciones dentro de su ámbito de competencia.
Además, ordenó estudiar la posibilidad de poner el caso en conocimiento de organismos internacionales cuando las conductas investigadas puedan comprometer obligaciones del Estado colombiano.
“El pueblo colombiano nos ha confiado la responsabilidad de recuperar el monopolio legítimo de la fuerza, restablecer el orden público y garantizar que ningún servidor público permanezca al margen del escrutinio de la justicia cuando existan motivos suficientes para investigar su conducta”, señaló De La Espriella.
