Se trata de una decisión de primera instancia dentro del proceso que investiga al exmandatario por presunta manipulación de testigos para favorecer su situación jurídica y desacreditar al senador Iván Cepeda.
Según la sentencia, Uribe, a través de su abogado Diego Cadena y del emisario Carlos López, alias “Caliche”, intentó sobornar a Juan Guillermo Monsalve, testigo clave del caso, para que se retractara de sus declaraciones. Monsalve había señalado presuntos vínculos de la familia Uribe con la creación del Bloque Metro de los paramilitares en Antioquia. La jueza consideró probada la materialidad del delito y la responsabilidad del exmandatario como determinador de los hechos.
El juicio, que ha durado más de seis años y ha estado marcado por múltiples intentos de preclusión, llegó a este punto tras una investigación iniciada por la Corte Suprema en 2018, cuando determinó que no existían pruebas contra Iván Cepeda —quien había sido denunciado por Uribe— y, en cambio, abrió un proceso formal contra el expresidente. El expediente cambió de jurisdicción tras la renuncia de Uribe a su curul en el Senado y pasó a manos de la Fiscalía General.
Entre las pruebas clave del caso se encuentra una grabación realizada por Monsalve con un reloj espía durante una conversación con el abogado Cadena, así como testimonios de exparamilitares y evidencia de pagos a testigos. La defensa de Uribe ha sostenido que el expresidente no tenía conocimiento de las acciones de su abogado y ha denunciado una supuesta persecución política en su contra.
El fallo solo resuelve uno de los seis hechos por los que Uribe fue llamado a juicio. Aún se espera la decisión sobre los otros cargos, que incluyen soborno y fraude procesal.
La defensa de Uribe anunció que apelará la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá, que deberá pronunciarse antes de octubre de 2025, fecha en la que podría prescribir el caso. En caso de una decisión adversa, aún quedaría abierta la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema mediante el recurso de casación.
Este proceso marca un hito sin precedentes: es la primera vez que un expresidente de Colombia es condenado penalmente en un caso de esta naturaleza.
