En el caso de Arizabaleta, la medida se produce luego de que la congresista, en su condición de presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, expidiera un auto ordenando la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro por una presunta participación en política.
Según el Ministerio Público, la representante habría adoptado una decisión sin contar con las competencias legales necesarias, situación que podría constituir una falta gravísima e incluso derivar en eventuales investigaciones por presunto prevaricato. La controversia surgió porque distintos juristas han señalado que una medida de esa naturaleza no puede ser tomada de manera unilateral por una integrante de la Comisión y que cualquier actuación contra el jefe de Estado debe surtir un procedimiento constitucional específico.
De manera paralela, la Procuraduría también ordenó la suspensión provisional del representante Agmeth Escaf e inició una investigación disciplinaria por las declaraciones que realizó contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella durante una entrevista radial.
El organismo de control considera que las expresiones utilizadas por el congresista podrían constituir un trato irrespetuoso e incompatible con los deberes de un servidor público, especialmente en medio de la actual contienda electoral. Además, advirtió sobre el riesgo de que este tipo de conductas puedan repetirse durante la campaña.
Las dos decisiones han reavivado el debate sobre el alcance de las facultades disciplinarias de la Procuraduría frente a funcionarios elegidos por voto popular. Mientras algunos sectores respaldan las medidas, otros cuestionan su impacto sobre el ejercicio de la representación política.
Por ahora, las suspensiones estarán vigentes mientras avanzan las respectivas investigaciones disciplinarias, en un escenario que continúa elevando la tensión política e institucional en el país.
