Jamás, en más de 50 años, nos habíamos enfrentado a una incertidumbre tan grande ante la posibilidad de un apagón nacional, consecuencia de la sequía y la disminución de los embalses, que aún no alcanzan los niveles de agua suficientes para mantener la tranquilidad en los próximos años.
Es impresionante el cruce de informaciones y las contradicciones en los anuncios de las autoridades responsables del suministro de energía.
Esta situación se inició debido al desbarajuste existente en la región Caribe, relacionado con la distribución y la iliquidez que han venido reportando las empresas del sector durante los últimos meses.
Estas empresas ya no pueden soportar más la incomodidad generada por el gobierno, que se interpone con su propuesta de transición energética, la cual avanza demasiado lentamente, como se observa en La Guajira.
Según la Unidad de Planeación Minero Energética, de 200 proyectos inscritos, solo 14 han avanzado a la etapa de construcción. De este total, únicamente tres de energía solar y uno de generación térmica han entrado en funcionamiento. Por su parte, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica esperaba que este año se iniciaran 103 nuevos proyectos; sin embargo, solo 47 tienen un compromiso real para el suministro de energía.
Lo peor de todo es que para los empresarios e inversionistas, las consultas con las comunidades que habitan en los territorios donde se ejecutan los proyectos se han convertido en un dolor de cabeza. En La Guajira, por ejemplo, deben atender las peticiones de al menos 200 comunidades diferentes, muchas de las cuales resultan difíciles de satisfacer. A esto se suman las grandes dificultades para obtener las licencias ambientales exigidas por el gobierno.
No pasa una semana sin que oigamos las alarmas de las autoridades responsables del suministro energético, la posición intransigente del gobierno y las diferentes explicaciones de los líderes gremiales, quienes mantienen en vilo a la población, que se encuentra en un estado de incertidumbre ante la abundante información contradictoria.
Para colmo, los anuncios sobre la escasez de gas han generado mayor desasosiego entre los colombianos.
A veces, resulta difícil saber a quién creer, ya que se mencionan nuevos yacimientos, pero también surgen dificultades en la conciliación con las comunidades. Se habla de la posibilidad de importación, aunque con el agravante del costo superior al actual.
Mientras tanto, los responsables del suministro claman una y otra vez al gobierno para que tome las medidas necesarias y urgentes, sin que estas sean atendidas.
Estamos en un contexto de incertidumbre; el país entero, junto a sus habitantes, no sabe a qué atenerse y se encuentra en una encrucijada, sobre todo porque no hay a quién creer en las actuales circunstancias.
Necesitamos que nos digan la verdad, pero la credibilidad es tan escasa como la que se manifiesta en la JEP, cuya justicia transicional permanece en crisis.
El desafío para el gobierno persiste.
La tan pregonada transición energética avanza a paso de tortuga, mientras la posibilidad de un apagón se cierne sobre nosotros como una avalancha que nadie detiene.
