La decisión hace parte del proceso que emprendió el ciudadano Ener Gentil Trujillo Morales, quien argumentó ante el despacho judicial que las obras ejecutadas no fueron socializadas de manera debida y en su diseño nunca se tuvo en cuenta el impacto urbanístico ni económico que la misma acarrearía para quienes poseían bienes colindantes con la estructura.
En el proceso emprendido en contra del municipio de Tuluá, a través de apoderado judicial, el señor Martínez Morales manifestó que la obra en mención, que fue ejecutada mediante convenio suscrito con Infituluá y puesta en funcionamiento en el año 2017, le generó una depreciación del inmueble, pues por la altura del puente y su diseño tapó en más de un metro la visibilidad, limitó la movilidad, a tal punto que ahora deben pagar parqueadero para guardar su carro particular, a lo que se suma el traslado obligado de una peluquería canina que funcionaba en la misma casa y que por el difícil acceso estaba perdiendo clientela.
DATO: Si las demandas similares que están en pro-ceso salen en contra, las indemnizaciones podrían alcanzar los $500 millones.
Aunque la alcaldía local presentó los alegatos de defensa, a través del Departamento Jurídico, aduciendo que no eran probados los daños económicos, morales ni psicológicos que aducían los demandantes, el despacho judicial tomó la decisión referida por considerar que las pruebas documentadas por los demandantes resultaron contundentes.
El fallo fue apelado
En diálogo con EL TABLOIDE, el alcalde John Jairo Gómez Aguirre precisó que como le corresponde y actuando jurídicamente el municipio apeló la decisión del Juzgado Administrativo de Guadalajara de Buga.
“Es un deber nuestro apelar el fallo que afecta directamente las arcas locales y así mismo tendremos que iniciar las acciones de repetición directa en contra de quienes ordenaron y ejecutaron la obra”, precisó el mandatario.
Así mismo se conoció que en las próximas semanas deberán darse fallos similares, pues en el caso del puente de la calle 22 al igual que en el de la 28 se presentaron alrededor de 10 demandas de reparación directa por parte de ciudadanos que consideraron vulnerados sus derechos y afectados bienes patrimoniales.
