Sin maquillaje ni cabello teñido: así serían las nuevas reglas escolares en Perú

El Gobierno de Perú presentó una propuesta para endurecer las normas de convivencia en los colegios públicos, con medidas que incluyen restricciones a la apariencia personal, límites al uso de celulares y sanciones más severas frente a la violencia escolar. La iniciativa, impulsada por la presidenta Keiko Fujimori y el ministro de Educación, José Antonio Chang, aún deberá completar el proceso previo a su entrada en vigor.

Durante la presentación, realizada el lunes 12 de octubre en un colegio de Chaclacayo, Fujimori defendió la necesidad de reforzar el orden y la disciplina en las aulas. Entre los cambios planteados está la posibilidad de expulsar a estudiantes involucrados en determinados casos graves de violencia, como última medida correctiva.

Los lineamientos clasifican las faltas en leves, graves y muy graves. Según su nivel, las sanciones podrían ir desde amonestaciones y reparación de daños hasta suspensiones, matrícula condicional y expulsión. La propuesta también contempla un mecanismo para solicitar la reconsideración de esta última medida.

En cuanto a la presentación personal, se busca restringir el maquillaje, las uñas pintadas, el cabello teñido o excesivamente largo y las faldas escolares que no cumplan con las medidas establecidas. Además, el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos quedaría limitado durante las clases, salvo autorización del docente.

Las disposiciones también refuerzan las medidas frente al acoso escolar, la discriminación, las amenazas, la violencia sexual y otras conductas que pongan en riesgo la integridad de los estudiantes. Los colegios privados podrían mantener sus propias reglas internas sobre presentación personal.

El anuncio se produjo después de la indignación generada por una denuncia de presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años durante un viaje en autobús escolar. Por ese caso, un juzgado ordenó el internamiento preventivo de seis adolescentes.

Antes de su aplicación, la propuesta recibirá aportes de la sociedad civil. Una vez publicada la norma, las instituciones educativas tendrían 30 días para adaptar sus documentos de gestión a los nuevos lineamientos.

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