La propuesta fue presentada por Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo, quienes se apartaron de la ponencia del congresista Alirio Uribe, que plantea archivar la actuación mediante una inhibición.
El documento deberá ser discutido y votado por la plenaria de la Comisión, integrada por 18 representantes. Allí se definirá si la investigación continúa avanzando o si se acoge la propuesta de cerrar el caso.
Entre los argumentos expuestos por los congresistas se mencionan presuntas irregularidades relacionadas con aportes económicos y gastos de campaña que, según sostienen, no habrían sido reportados adecuadamente ante las autoridades electorales.
Los representantes también cuestionan operaciones relacionadas con aportes de organizaciones sindicales, recursos destinados a testigos electorales y contratos de transporte aéreo utilizados durante la campaña presidencial, sobre los cuales consideran que existen inconsistencias que deben ser esclarecidas.
Además, solicitaron nuevas pruebas, entre ellas información financiera a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), así como posibles compulsas de copias a otras entidades de control y organismos judiciales.
Si la Comisión aprueba la solicitud, el presidente Petro podría ser llamado a rendir indagatoria dentro del proceso. En caso contrario, la investigación podría cerrarse. La decisión deberá tomarse antes de finalizar la actual legislatura o quedar en manos de los nuevos integrantes de la Comisión que asumirán funciones a partir del próximo 20 de julio.
