La decisión se produjo tras estudiar la impugnación presentada por la defensa, que buscaba revertir el fallo de segunda instancia. Sin embargo, la Sala Penal concluyó que existían suficientes elementos probatorios para mantener la responsabilidad penal de Uribe Vélez por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.
De acuerdo con el expediente judicial, Los 12 Apóstoles operaron en el municipio de Yarumal y otras zonas del norte de Antioquia durante la década de los noventa. Las investigaciones señalaron que esta estructura ilegal habría ejecutado acciones de “limpieza social” contra personas señaladas de colaborar con grupos guerrilleros o consideradas indeseables por la organización.
Uno de los hechos que sustentó la condena fue el asesinato de Camilo Barrientos, conductor de un vehículo de transporte público que cubría la ruta entre Campamento y Yarumal. Según la justicia, la víctima fue señalada por integrantes del grupo como supuesto colaborador de la guerrilla y posteriormente fue asesinada por sicarios.
El proceso judicial se inició en 1995 tras denuncias sobre varios homicidios ocurridos en la región. Con el paso de los años, las investigaciones permitieron establecer la existencia de la organización y recopilar testimonios de exintegrantes y miembros de la fuerza pública. Entre los principales testigos estuvo el exteniente de la Policía Juan Carlos Meneses, quien aseguró que Santiago Uribe tenía un papel de liderazgo dentro de la estructura criminal.
En el fallo ratificado por la Corte se señala que Uribe Vélez habría participado en la recopilación de información sobre las víctimas y en la coordinación de acciones junto a otros integrantes de la organización. Los magistrados concluyeron que actuó de manera consciente y voluntaria, sin que existieran causales que lo eximieran de responsabilidad.
La noticia fue dada a conocer inicialmente por Álvaro Uribe Vélez, quien manifestó en redes sociales que la decisión representa un hecho devastador para su familia.
Con este pronunciamiento, la condena queda firme y se pone fin a uno de los procesos judiciales más largos y controvertidos relacionados con el paramilitarismo en Colombia.
