La máxima instancia judicial del país consideró infundadas las pretensiones de los abogados del mandatario de los bugueños y por tanto mantuvo la condena de 8 años de prisión que le había sido impuesta por haber incurrido en una conducta delictiva al celebrar varios contratos sin el lleno de los requisitos.
En su momento la Fiscalía imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, precisamente, por concretar quince convenios con las fundaciones Vivir para Vivir (Funvipavi) y Semillas del Futuro, durante los años 2008 y 2009.
Según el ente investigador en este caso, el exmandatario local se interesó en que los contratos le fueran adjudicados a las organizaciones que tenían relación con Darío Cifuentes, quien para la época de los hechos era concejal del municipio.
