El acuerdo en mención había sido objetado el 18 de junio de 2021, previo envío al Departamento Administrativo de Jurídica de la Gobernación del Valle, oficina que consideró que ese acuerdo desconocía la prohibición del Decreto 2759 de 14 de noviembre de 1997, de designar con el nombre de personas vivas bienes de uso público.
Según lo indicado por los magistrados del Tribunal, existe suficiencia en la justificación presentada para considerar que el Acuerdo sí satisface los requisitos de legalidad.
«Esta importante decisión para el pueblo zarzaleño fue proferida en Santiago de Cali, el pasado 30 de septiembre de 2021, por los honorables magistrados Guillermo Poveda Perdomo, Ómar Édgar Borja Soto, Eduardo Antonio Lubo Barros, juristas que respaldaron nuestras decisiones», dijo la alcaldesa Giraldo.
