La iniciativa, impulsada por los representantes Julio César Triana, de Cambio Radical, y Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático, propone modificar el Código Penal para establecer penas de 54 a 96 meses de prisión y multas de entre 50 y 200 salarios mínimos.
Las sanciones aumentarían hasta en dos terceras partes cuando durante los hechos se utilicen explosivos, objetos peligrosos o sustancias capaces de causar daño a personas o bienes públicos y privados.
El proyecto también contempla castigos para quienes, mediante medios ilícitos, promuevan u organicen bloqueos de vías, infraestructura o sistemas de transporte que afecten a la población, la salud pública o la seguridad alimentaria.
Los congresistas aseguran que la propuesta no busca restringir la protesta pacífica, sino diferenciarla de las acciones que impliquen violencia o daños.
La iniciativa cita como referentes legislaciones adoptadas en países como Chile y Guatemala frente al ocultamiento de la identidad durante actos violentos.
Ahora el proyecto deberá superar los diferentes debates en el Congreso para determinar si finalmente se convierte en ley.
