El origen de esta controversia se remonta a tres décadas atrás. En 1996, el Concejo Municipal facultó al mandatario local de la época para asociarse con capital privado, dando vida a la sociedad que hoy se conoce como Veolia, donde el municipio conserva una participación accionaria del 25%. El contrato de concesión original, firmado el 16 de enero de 1997 por un plazo inicial de 20 años, fue prorrogado en 2016 por una década más, fijando su fecha de vencimiento definitivo para el próximo 16 de enero de 2027.
La tormenta jurídica actual se desató tras la aprobación del Acuerdo No. 05 de 2025. Mediante este acto, la administración municipal modificó el objeto de las Empresas Municipales de Tuluá (EMTULUÁ E.S.P.) para habilitarla legalmente a asumir la prestación del servicio de aseo.
Para la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, este movimiento genera una encrucijada ética y financiera: el municipio pretende competir contra sí mismo o reemplazar a una empresa de la cual es socio y copropietario. Además, el Ministerio Público recordó que en Tuluá no se han establecido áreas de servicio exclusivo, lo que significa que el aseo se rige bajo un modelo de libre competencia donde los usuarios tienen el derecho constitucional de elegir libremente a su prestador.
En su advertencia, el ente de control enfatizó que la salida de Veolia y la eventual entrada de EMTULUÁ no pueden ser decisiones improvisadas. Invocando la jurisprudencia del Consejo de Estado, la Procuraduría exigió rigurosidad, planeación y transparencia, advirtiendo que cualquier paso en falso sin el debido sustento técnico, jurídico y financiero pondría en jaque la continuidad del servicio de recolección de basuras y la estabilidad de las finanzas públicas de los tulueños.
