Una de las instituciones democráticas actuales que ha caído en el máximo desprestigio, es el Congreso de la República, pues así lo revelan las encuestas que frecuentemente adelantan las empresas especializadas en vísperas de las elecciones cada período constitucional y lo más preocupante es que pareciera importarles poco, o casi nada, a sus integrantes, según se desprende del “mico” que más bien es un “gorila” aprobado dentro del presupuesto de 2022 mediante el cual se pretende modificar la ley de garantías que prohíbe, salvo excepciones, realizar contratos administrativos e interadministrativos a los gobernadores, alcaldes, gerentes y directores de institutos descentralizados, hasta cuatro meses antes de las elecciones.
Esta ley de garantías se instituyó con el fin de que los mandatarios territoriales eviten contratar las obras requeridas en sus localidades, para aprovecharse de las mismas y así alargar sus períodos y favorecer a sus “padrinos o candidatos” políticos en las elecciones cercanas.
El punto ahora es, que el propio Presidente de la República, aprueba esta enmienda, cuando en su época de senador se opuso rotundamente a su estructuración, aduciendo razones de transparencia y anticorruptibilidad.
Igualmente, la oposición alega que la ley de garantías tiene carácter estatutario y no podría ser aprobada como una simple ley ordinaria, sino que necesariamente debe ser estudiada y legalizada por la Corte Constitucional, antes de la sanción presidencial.
Alejándonos de la jurisprudencia, veamos los pro y los contra de la nueva propuesta, pues quienes están de acuerdo, alegan que la pandemia y el paro nacional sumió al país en un estado de crisis económica enorme y atar las manos de los mandatarios actualmente, no es conveniente cuando se debe hacer un gran esfuerzo por la reactivación de todos los sectores productivos.
Y quienes la reprueban, sostienen que es un exabrupto en contra de la lucha contra la corrupción, es abrir las puertas de la siempre viva politiquería que no se ha podido erradicar de ninguna forma y va en contravía de la misma legalidad.
Creemos, con todo respeto, que no se puede aprovechar con cierto grado de oportunismo la pandemia del Covid-19 para lograr objetivos netamente politiqueros y hacer frente a la realidad de la corrupción que carcome casi todos los sectores oficiales, tal como lo descubre la Contraloría de la República en los tiempos actuales, donde es escandaloso el abuso con los recursos públicos.
Bien sabemos que los mandatarios territoriales no quedan “atados” totalmente para la contratación, porque las excepciones son claras y contundentes, en materia de emergencias y obras de carácter urgente para resolver situaciones imprevistas. Nos sorprende, el manejo que se imprime en el recinto del Congreso a estos temas, en donde se tocan puntos álgidos que necesariamente tienen que ver con las obras de beneficio común y todavía peor, aprovecharse de una ley general para introducir reformas que no concuerdan con el momento político que vive el pueblo colombiano.
Como dijo uno de los senadores, esta actitud es un “tarrado” de mermelada para los mandatarios de los entes territoriales, en tiempos preelectorales y clamamos por su no aprobación. Esperamos que reine la sensatez, escasa en estos tiempos, y se opte por el mejor camino, para bien de la paz y la democracia.
