Nadie puede creer, y mucho menos aceptar, que el alza en el valor de la gasolina y el diésel no impacte en el costo de vida de los colombianos, tal como lo ha planteado el señor Presidente de la República, quien además impulsa una nueva reforma tributaria con la que pretende recaudar la nada despreciable suma de 26 billones de pesos. Desde su anuncio, la propuesta ha generado un rechazo generalizado, mientras los ciudadanos observan con preocupación las contradictorias posiciones del primer mandatario.
Resulta inadmisible afirmar que “los pobres no usan vehículos particulares” y que, por esta razón, no se verán afectados. Tal aseveración demuestra una profunda ignorancia sobre las consecuencias históricas de cualquier incremento en los combustibles. Cada vez que se autoriza un alza, suben de inmediato los costos del transporte en buses, taxis, motocicletas y otros medios masivamente utilizados por las clases populares. Y no solo eso: también se encarece el precio de los alimentos, pues su distribución depende de camiones, camionetas, chivas y vehículos de carga en todo el país.
En medio de este crítico escenario, el gobierno busca recursos “debajo de cada piedra”, tratando de arrebatarle a la gente cada centavo, en su afán de mostrar resultados que, a estas alturas, parecen imposibles. Todo esto ocurre mientras enfrentamos una ola de inseguridad sin precedentes en los últimos 30 años, ante la cual el gobierno guarda un silencio preocupante que contradice cualquier intención de “pacificación total”, ya fracasada desde todo punto de vista.
El rechazo a esta nueva propuesta tributaria, que muchos consideran alcabalera, crece en todo el país. No solo porque aumentará la carga económica sobre quienes menos tienen, sino porque contradice el discurso presidencial de ser “el gobierno de los pobres, de los olvidados, de los desposeídos y de los sin voz”. La realidad es otra: la canasta familiar subirá, y este engaño presupuestal podría convertirse en el detonante de un nuevo estallido social, como el vivido hace apenas unos años.
Basta pensar en los miles de motociclistas que circulan a diario en nuestra región y que serán directamente golpeados por esta medida; en la mayoría de taxistas que ni siquiera son propietarios de sus vehículos; y en los ciudadanos que han recurrido a diversos medios de transporte para enfrentar la crisis.
Todo esto contrasta con el discurso oficial, que se niega a reconocer la verdadera situación del país. Las cifras presentadas en las alocuciones presidenciales, bajo el disfraz de “transparencia”, no resultan creíbles. Así lo demostró la propia gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, al rechazar y desmentir que “se estuviera robando la plata del Plan de Alimentación Escolar”.
Esperamos que este proyecto de reforma tributaria, eufemísticamente llamada “ley de financiamiento”, sea rechazado de plano por los congresistas de la República. Necesitamos propuestas creativas y responsables que busquen recursos sin seguir castigando a los mismos de siempre. El país exige seriedad, coherencia y respeto, no más discursos contradictorios y decisiones improvisadas.
