La negativa del Presidente de la República a cumplir la promesa de aportar el 70% del valor total para la construcción del llamado Tren de Cercanías, que mejoraría la conectividad entre Cali, Jamundí, Yumbo y, más adelante, Palmira, es una bofetada no solo para los gobernantes de turno, sino también para los miles de habitantes que se beneficiarían en su transporte diario y para la productividad y el desarrollo socioeconómico de toda la región.
Desde hace aproximadamente diez años se vienen adelantando las gestiones para sacar adelante este proyecto, una necesidad sentida por la comunidad. Se creía que en este “gobierno del cambio” podría avanzar sin mayores contratiempos, pero, cuando todo estaba listo para el aval presidencial, nada ocurrió. La noticia cayó como un balde de agua fría. Lo más grave es que, según se comenta en los corrillos políticos, la decisión tendría un “tufillo vengativo” contra una parlamentaria vallecaucana cercana a la gobernadora Dilian Francisca Toro, después de que no se aprobara la llamada ley de financiamiento, el disfraz de una reforma tributaria que no pasó.
Resulta difícil creer que en la mente de un mandatario nacional reine, hasta tal punto, la vanagloria del poder para demostrar no otra cosa que autoritarismo propio de los autócratas, negando un apoyo que él mismo prometió en campaña.
Y, al mismo tiempo, se pretende distraer a la opinión pública con falsas promesas, como un presunto tren del Pacífico que no tiene asidero ni ahora ni en los próximos 50 años, o la supuesta construcción de la carretera Buenaventura–Mulaló, que yace en el sueño de los muertos.
Es preciso reafirmar que el centro del Valle del Cauca lleva muchísimos años insistiendo en la necesidad de acortar la vía hacia el centro del país. La propuesta de construir la carretera Tuluá–Roncesvalles, por el departamento del Tolima, es una idea frustrada, pese a la viabilidad demostrada por estudios técnicos de expertos japoneses.
Tampoco ha sido posible adelantar la profundización del canal de acceso al puerto de Buenaventura, aunque estuvo incluida en el Plan Nacional de Desarrollo; y la dilatación del proceso licitatorio para una nueva concesión del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón obligó a que la terminal regresara a manos del Estado. En otras palabras, el centralismo vuelve a hacerse presente con sus poderosos tentáculos, impidiendo el crecimiento de un sector crucial de la región.
No se tuvieron en cuenta los múltiples argumentos a favor de esta obra de carácter vial que todos reclaman, especialmente la clase trabajadora, a la que el gobierno central dice defender, por lo menos en teoría, porque la realidad demuestra lo contrario. Y eso que, durante la campaña electoral, esta región del Valle y del Pacífico fue considerada un fortín del petrismo. Nada importó: se negó abruptamente un proyecto que tenía todos los estudios técnicos y los permisos en regla. Como dice el dicho popular: Así le paga el diablo a quien bien le sirve”.
Esperamos que este impase sea pasajero y que solo retrase unos pocos años más el sueño de los caleños y jamundeños. Y que, de una vez por todas, esta lección sirva para elegir a los más capaces… y a quienes cumplen sus promesas.
