Es de suma importancia que las autoridades electorales estén alerta ante la avalancha de aspirantes a los cargos públicos en las próximas elecciones del 29 de octubre cuando el pueblo colombiano elegirá gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, si tenemos en cuenta los últimos datos de la Misión de Observación Electoral, MOE, que encuentra con preocupación, la poca disposición de los gerentes de campañas, para informar sobre los ingresos y gastos respectivos y en donde vemos la abundancia de publicidad de la inmensa mayoría de candidatos.
La transparencia electoral es el principio de calidad, responsabilidad y honestidad de todos y cada uno de los líderes que desean orientar a sus comunidades respectivas y, si desde el inicio cojean en este aspecto, es muy seguro que más adelante tendrán muchos dolores de cabeza a través de los organismos de control y vigilancia del Estado.
Es conocido con suficiente certeza, las diversas posibilidades de permeabilidad que tienen las campañas de involucrar dineros provenientes de actividades ilícitas, de acuerdos perversos con personas de dudosa reputación o de asuntos pendientes con la justicia. De tales ejemplos está inundado el país y las investigaciones abundan en los despachos judiciales y así se convierten en el primer paso para que la corrupción se tome los procesos electorales en contravía de la total transparencia que debería rodear un evento en donde se afirma y tiene sus pilares, el sistema democrático que nos rige.
Es demasiado preocupante que de 246 candidaturas a gobernaciones, solamente 20 han informado de sus ingresos y gastos en la plataforma establecida por el Consejo Nacional Electoral y otras 111 ni siquiera están registradas.
Para el caso de las alcaldías de las ciudades capitales de un total de 348, apenas 18, reportan ingresos y gastos, 9 solo ingresos, 4 los gastos, 131 tienen los formularios en blanco y 186 no están registrados. Son cifras alarmantes si se tiene en cuenta que en todo el país hay 128 mil candidatos que desean ser elegidos como alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles. Y para asombrarse, según el MOE, las candidaturas que presentan los mayores gastos en publicidad en redes sociales están en Antioquia, Valle del Cauca y el departamento de Córdoba. Por lo tanto, es urgente tomar estrictas medidas que garanticen la transparencia, la igualdad de condiciones y la observancia tanto de los topes financieros como de los tiempos establecidos para hacer publicidad. Sinembargo, pareciera que no existiera la autoridad capaz de impedir que se violen los límites impuestos, que se maquille la contabilidad para tapar las irregularidades, tal como se ha evidenciado a través de los últimos años.
Las grandes diferencias en materia de publicidad reflejadas en las redes sociales y los diversos medios de comunicación, indican de manera patente, las sumas que se mueven durante la jornada democrática y es preciso que la única actitud obligatoria ,valedera y justa de los jefes y gerentes de campaña, sea la transparencia, si es que de verdad quieren, tal como lo prometen, fortalecer la democracia. Sabemos que es una lucha titánica, la adelantada por las autoridades electorales, pero bien vale la pena, porque está en juego el futuro del sistema que nos rige y ojalá no sea demasiado tarde.
