Después de la pandemia del 2019-2022 la gente se volcó a las calles sin control de ninguna clase con el fin de rebuscarse la mejor manera de ganarse el pan de cada día como consecuencia del cierre temporal de la industria, el cese de actividades, el desempleo galopante y la inusitada protesta social posterior, que empeoró el orden público, con el agravante del saboteo en las principales vías del país y para completar el cuadro, el bloqueo de contenedores en los puertos internacionales, como también la subsiguiente alza en las tasas de interés, la guerra de Ucrania y actualmente con las pretendidas reformas al sistema de salud, laboral y pensional.
Toda persona que se encuentra en situación de precariedad económica y tiene alguna responsabilidad familiar, se lanza a la calle, coloca su puesto de ventas en cualquier sitio, sea el andén del vecino, las calles céntricas, los parques y en cualquier rinconcito que encuentre desocupado, invocando el derecho al trabajo.
Hay un bloqueo de vías, un derrumbe, una caída de puente, allí aparece el vendedor, igualmente se ubican alrededor de los hospitales, de las grandes construcciones, en otras palabras, ya el espacio público es inexistente y sucede tanto en Tuluá como en el vecino municipio de Guadalajara de Buga, en donde se han estrechado las calles y carreras, especialmente en los sectores céntricos, lo cual repercute en la normalidad en el tránsito vehicular y pone en peligro integridad física de los peatones.
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Mientras tanto, la autoridad brilla por su ausencia, no hay control, menos campañas en favor del respeto por la libre movilización y la gente de a pie, como se dice en el argot popular, sufre las consecuencias y guarda silencio sepulcral, ya que piensan que pierden el tiempo en las altas esferas del gobierno.
El empleo informal se aumenta indiscutiblemente, el espacio público ya no es público, es privado, por aquello del “derecho al trabajo” que no se puede discutir, pero lo cierto es que toda esa marejada de rebusque individual y colectivo, no es más que un empleo disfrazado, que no resuelve los problemas fundamentales de la población, antes por el contrario, los aumenta.
Basta echar una mirada a los sectores céntricos de Tuluá y Buga, por los alrededores de las galerías, es un desorden, un caos, un laberinto, en cada esquina de la cuadra, se ubican cualquier número de vendedores, que por supuesto estrechan las calles y ponen en serio peligro a quienes se atreven a pasar a pie por esos lugares.
Todavía están lejos las soluciones anunciadas en la campaña presidencial en generación de empleo formal, no existe ninguna medida preventiva, no existen planes ni programas concretos que no solo resuelvan el problema del espacio público, sino que ofrezcan alternativas a los vendedores, para que puedan ganar lo suficiente y poder vivir con dignidad.
En estas ciudades intermedias, todavía es posible encontrar soluciones prácticas, responsables y eficaces, pero se necesitan que los representantes de la gente en los organismos estatales, presenten proyectos igualmente, eficaces, con el fin de evitar la hecatombe peatonal y la supresión del espacio público definitivamente.
