A las puertas de iniciarse un nuevo periodo gubernamental son muchos los retos que se le plantean a los alcaldes y gobernadores del país, pues en cuatro años muchas cosas cambiaron y aunque creíamos que la pandemia del Covid 19 dejaría una mejor sociedad, sucedió todo lo contrario y la nuestra transita por una peligrosa línea que se inclina a la anarquía.
Los nuevos mandatarios se enfrentan a gobernar unos territorios afectados por una seguridad resquebrajada y que no es otra cosa que el reflejo nacional donde el presidente Petro con su apuesta de paz total, carente de una acertada planificación, está dando palo de ciegos y delitos del alto impacto como la extorsión y el homicidio van en alza; sin contar que el secuestro que había disminuido a su mínima expresión empieza a crecer al alza al igual que la ocupación de los territorios por parte de las disidencias farianas el ELN y las estructuras criminales urbanas que hoy imponen su ley y orden.
Este escenario que planteo es mucho más gravoso si se tiene en cuenta que en los dos últimos años hay una elevada cantidad de renuncias en instituciones como la Policía Nacional, a lo que se suma que han sido llamados a calificar servicios oficiales de experiencia que le podrían aportar mucho a la seguridad del país.
Solo a manera de dato, Riofrío cuenta con seis policías por turno para atender 19 barrios, sin contar que un fin de semana la población flotante atraída por el cauce que baña este territorio rebasa cualquier capacidad de respuesta, cuadro que se repite en localidades como Calima-El Darién, donde el pie de fuerza es mínimo.
Por fortuna en el caso del Valle del Cauca cuentan los alcaldes con una gobernadora que sabe por dónde le entra el agua al coco y en las primeras de cambio tomó el toro por los cuernos y ya está planteando una estrategia de seguridad que en sinergia con los mandatarios locales podría dar buenos frutos.
