Uno de los temas es la reforma a la figura de la extinción de dominio, pues se propone acortar los plazos e incluir un artículo que habilite la enajenación temprana de bienes afectados con medidas cautelares, garantizando que cinco (5) días después de fijado el aviso, se dispondrá el emplazamiento de quienes figuren como titulares de derechos sobre los bienes objeto de la acción.
El proyecto también propone incluir a los ciudadanos como víctimas de hechos de corrupción dándoles una indemnización efectiva, y asegura medidas de protección a quienes reciban amenazas y se encontraren en situación de riesgo extraordinario o extremo por denunciar dichos actos.
Contempla también la responsabilidad penal de las personas jurídicas, aclarando que cuando realmente ha habido prácticas corporativas reiteradas, que se desarrollen con sistematicidad, utilizando los órganos societarios, como lo que hemos visto en el caso de Odebrecht, también habrá responsabilidad de la persona jurídica beneficiaria del delito y no sólo de sus administradores.
Con esta propuesta el Gobierno también busca incorporar tres medidas para que se cumplan los contratos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) como:
Mayor tiempo de inhabilidad por la imposición de dos multas por incumplimientos o mora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales incorporar facultades excepcionales al artículo 14 de la Ley 80 de 1993, para la interpretación y modificación unilateral de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad en los contratos.
Por último, esta iniciativa también buscar fortalecer la DIAN, con la creación del Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB), al cual tendrán acceso las entidades que en cumplimiento de sus funciones legales y Constitucionales ejerzan inspección, vigilancia y control o tengan funciones de investigación fiscal o disciplinarias u orientadas a combatir el lavado de activos, financiación del terrorismo, soborno trasnacional, conglomerados e intervención por captación no autorizada
