La carne era tratada con químicos para alterar la contextura, intentar hacerla más blanda y darle un color rojizo», indicaron desde la Fiscalía.
Posteriormente, la carne era empacada al vacío y sellada con insignias de empresas dedicadas a la comercialización de carne de res.
Pedía inyectar la carne con más químico porque quedaba muy dura y en los colegios no la podían cocinar.
Semanalmente, se comercializaban entre 2.000 y 2.500 kilogramos de carne a los operadores del PAE en Bucaramanga y Santander. El hecho se habría efectuado entre mayo de 2018 y septiembre de 2019, y le representó ingresos superiores a los 500 millones de pesos.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a Fernando Trujillo Gómez los delitos de corrupción de alimentos en concurso homogéneo y simultáneo en 18 oportunidades, fraude procesal y falsedad en documento privado.
La Fiscalía presentó como evidencias las comunicaciones entre el procesado y sus presuntos cómplices, en las que «pedía inyectar la carne con más químico porque quedaba muy dura y en los colegios no la podían cocinar»; así como mensajes en los que coordinaba la evasión de los controles fitosanitarios para movilizar caballos y burros, entre otras actividades ilegales.
Un juez de control de garantías impuso a Trujillo Gómez medida de aseguramiento en centro carcelario.
