“Más de 7.600 contratistas que han vendido o provisionado al Estado para atender la emergencia del COVID-19 y de estos cerca de 100 podrían tener algún vínculo con financiamiento de campañas de las elecciones territoriales de 2019”, denuncia Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, citado por CM&.
Uno de los hallazgos evidencia que se adjudicaron dos contratos a una persona que estaba inhabilitada para contratar con el Estado porque tiene condenas por concierto para delinquir y porte de armas de fuego.
Según Transparencia por Colombia, la contratación se ha centrado en estas ciudades:
- Bogotá: 44 % del total de la contratación.
- Medellín: 8,2 %.
- Valle: 7,1 %.
- Atlántico: 5,4 %.
Los datos de la organización se conocen luego de los hallazgos presentados por la Contraloría, Procuraduría y la Fiscalía este jueves, por los que se iniciaron procesos contra 15 alcaldes de municipios del país.
Las decisiones se tomaron luego de que estos entes de control e investigación verificaran 3.000 contratos celebrados desde que comenzó la declaratoria de emergencia sanitaria.
Lo más grave, informó el fiscal Francisco Barbosa, son las imputaciones y medidas de aseguramiento contra 10 alcaldes por múltiples delitos.
Entre los que están el interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales y diversos tipos de peculado.
