La investigación busca establecer el papel que habría tenido Sarabia en las actuaciones realizadas contra Meza, quien en ese momento trabajaba como empleada doméstica y había sido señalada de estar relacionada con el supuesto robo de dinero ocurrido en la vivienda de la entonces funcionaria.
Dentro del expediente aparece el testimonio de un oficial de la Policía que obtuvo un principio de oportunidad. Según su declaración, Sarabia habría dado instrucciones para modificar el esquema de seguridad y posteriormente realizar la prueba de polígrafo a Meza.
El procedimiento habría involucrado a integrantes de la seguridad presidencial y recursos del Estado. La Fiscalía sostiene que Sarabia, debido al cargo que ocupaba, habría utilizado su posición para que el entonces jefe de seguridad presidencial, coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, facilitara las actuaciones que terminaron con la práctica del examen.
Sin embargo, documentos de investigadores conocidos por SEMANA revelan que la Fiscalía habría contemplado inicialmente una imputación diferente. En esos informes se mencionaban los delitos de peculado y uso ilegal de la Fuerza Pública, conductas que finalmente no fueron anunciadas por el ente acusador.
Esta diferencia ha generado cuestionamientos por parte de los representantes de las víctimas, quienes consideran que el cambio podría favorecer a Sarabia debido a los tiempos de prescripción de algunas de las conductas inicialmente analizadas.
Marelbys Meza, por su parte, aseguró que espera que el proceso permita esclarecer lo ocurrido y sostuvo que, si Sarabia tiene responsabilidad, deberá responder ante la justicia.
La audiencia marcará el inicio formal del proceso penal contra la exjefa de gabinete, quien tendrá la posibilidad de ejercer su defensa y de recurrir a los mecanismos establecidos por la ley durante el desarrollo del caso.
