La reforma, considerada una de las más importantes desde los cambios impulsados por Raúl Castro en 2011, busca dar mayor espacio a las dinámicas de mercado y atraer inversión para enfrentar la difícil situación económica que atraviesa el país.
Entre las medidas más relevantes está la transformación gradual de empresas estatales en sociedades mercantiles, permitiendo incluso la compra de acciones por parte de inversionistas. Asimismo, las compañías públicas con pérdidas continuas podrán enfrentar procesos de quiebra, reestructuración o liquidación.
El plan también contempla el fin del monopolio bancario estatal, abriendo la posibilidad para que operen instituciones financieras con capital privado. Además, se autorizará que las pequeñas y medianas empresas amplíen su tamaño, permitiendo contratar más de 100 trabajadores y que una misma persona pueda ser propietaria de varias compañías.
Otra de las decisiones más impactantes será la eliminación progresiva de subsidios estatales a servicios y productos como combustibles, energía eléctrica, transporte y agua. Según el Gobierno cubano, los recursos ahorrados serán destinados a un Fondo de Protección Social dirigido exclusivamente a la población más vulnerable.
Las autoridades también anticiparon nuevas devaluaciones de la moneda nacional como parte de la estrategia para reorganizar la economía. Las medidas representan un cambio histórico para Cuba, un país que durante décadas mantuvo un modelo económico altamente centralizado y controlado por el Estado.
