Colombia volvió a ocupar el primer lugar en el registro mundial de asesinatos de personas defensoras de la tierra y el ambiente. De acuerdo con el informe Poder Colectivo, elaborado por Global Witness, 39 defensores fueron asesinados en el territorio colombiano durante 2025, en medio de disputas por la tierra, economías ilegales y diferentes formas de violencia contra las comunidades.
Aunque la cifra representa una reducción frente a los 48 asesinatos documentados en 2024, Colombia encabezó por cuarto año consecutivo el listado elaborado por la organización. Global Witness advierte, además, que los registros podrían estar por debajo de la cifra real debido a las dificultades para documentar estos hechos en algunas regiones.
A nivel mundial fueron documentados 124 asesinatos de defensores ambientales y territoriales durante 2025. El 85 % ocurrió en América Latina. Después de Colombia aparecen Brasil, con 26 casos; Honduras, con 12; México, con 10, y Guatemala, con ocho.
El Cauca, uno de los principales focos
De los 39 asesinatos registrados en Colombia, 13 ocurrieron en el Cauca, departamento que concentra una tercera parte de los casos. Global Witness también documenta que, desde 2012, al menos 171 defensores han sido asesinados allí.
La organización relaciona buena parte de esta violencia con conflictos por la tierra. En 35 de los 39 casos registrados durante 2025 existieron vínculos con disputas territoriales, en zonas donde también confluyen cultivos de uso ilícito, minería ilegal y otras economías ilegales.
Las comunidades indígenas y campesinas aparecen entre las principales víctimas. Casi la mitad de los defensores asesinados en Colombia pertenecían a pueblos indígenas, mientras que otros 15 eran campesinos.
El informe señala además posibles vínculos con estructuras del crimen organizado en 17 de los asesinatos y con sicarios en otros cinco casos. Para Global Witness, estas dinámicas se suman a amenazas, intimidaciones, estigmatización y ataques contra organizaciones y comunidades que defienden sus territorios.
Ante este panorama, la organización plantea la necesidad de fortalecer mecanismos de protección colectiva, investigaciones especializadas y acciones dirigidas no solo contra quienes ejecutan los ataques, sino también contra quienes los ordenan o financian.
Los 39 asesinatos registrados durante 2025 muestran así una problemática que trasciende las cifras: en distintas regiones de Colombia, defender la tierra, los recursos naturales y el territorio continúa representando un riesgo para comunidades y líderes ambientales.
