La medida es considerada un hecho histórico, ya que Colombia se convertiría en el primer país de América Latina con una legislación específica contra la mutilación genital femenina, una práctica que la Organización Mundial de la Salud califica como una violación a los derechos humanos de las niñas y las mujeres.
La ley nació con el impulso de lideresas indígenas emberá y organizaciones defensoras de derechos humanos, que durante años han trabajado para visibilizar esta problemática. Durante el debate, la lideresa Juliana Domicó pidió que la iniciativa no se convierta en una «ley muerta», sino que se traduzca en una política pública efectiva para proteger a las menores.
De acuerdo con cifras del sistema de salud, entre 2020 y 2025 se reportaron al menos 204 casos de mutilación genital femenina en Colombia, de los cuales 177 corresponden a niñas indígenas, principalmente en los departamentos de Risaralda y Chocó. Sin embargo, expertos advierten que podría existir un alto subregistro debido al temor de denunciar y a la falta de un sistema oficial de vigilancia.
La nueva legislación contempla la creación de una política nacional de prevención, protocolos obligatorios para el sector salud, fortalecimiento de los sistemas de información y un enfoque intercultural que permita trabajar de la mano con las comunidades, respetando sus contextos mientras se protege la integridad y los derechos de las niñas y mujeres.
Con esta aprobación, el país avanza en la lucha contra una práctica considerada nociva y abre una nueva etapa para la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas en Colombia.
