En Guadalajara de Buga hay una empresa industrial y comercial del estado municipal llamada Aguas de Buga, presta el servicio de acueducto y alcantarillado a más de treinta mil usuarios, empresa que la clase política ha convertido en su caja menor, allí no le rinden cuentas a nadie, los entes de control son convidados de piedra y alguna fuerza maligna los hipnotiza para que no cumplan con sus funciones disciplinarias, además se rigen por las normas de una empresa privada para, según ellos, por ejemplo, no entregar información a la opinión pública.
Tienen una Junta Directiva, en el papel, es su ente rector, su máxima autoridad administrativa, la preside el alcalde municipal o su delegado, pero esa Junta es clandestina, nadie en el pueblito sabe quienes la integran, actúan sigilosamente, como si sus decisiones no se enmarcaran dentro de los parámetros de la Ley.
Esa Junta aprobó que los bugueños deben pagar uno de los más costosos servicios de acueducto y alcantarillado de Colombia, interpretando a su manera la Resolución 1032 expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), ella no fija tarifas, solo entrega parámetros y la empresa los determina, entonces nos clavaron un incremento tarifario, en algunos casos supera el 20 %, muy por encima de la inflación proyectada para el año 2026, también arriba del aumento del salario mínimo, inclusive, ignoraron el terremoto que nos dejó turulatos a muchos en Guadalajara de Buga.
Según la CRA esos componentes tarifarios son: el Costo Medio de Administración (CMA), el Costo Medio de Operación (CMO), el Costo Medio de Inversión (CMI) y el Costo Medio de Tasas Ambientales (CMICT), variables que nunca se han explicado a los usuarios de Aguas de Buga, empresa donde hace rato se viene arrastrando un déficit presupuestal por su pésima gestión administrativa causada por la corrupción y la politiquería, con ejemplos como la construcción de un costoso reservorio sin funcionar, el alquiler de una oficina mediante el sistema de leasing cuyo propietario, eventualmente, es el representante de Karol Martínez en la Junta Directiva, el secretario de Hacienda Camilo Cervera, donde también algunos concejales privilegiados y altos funcionarios de la alcaldía tienen a su parentela más cercana en la nómina de la empresa, por tal razón nunca se ve al Concejo Municipal haciendo control político, eludiendo una de sus funciones principales. También se debe decir, para finalizar, que a muchos usuarios se le cobra el servicio a ojímetro porque carecen de contador.
Ese desorden administrativo en Aguas de Buga lo vamos a pagar los bugueños con un aumento tarifario convertido en una extorsión legalizada, una forma de gobernar ofensiva al ciudadano, protestar es, en este abusivo caso, más que justo.
