El mandatario aseguró que la decisión busca modificar una política que, según él, terminaba restringiendo principalmente a los ciudadanos que cumplen la ley, mientras las organizaciones criminales continúan accediendo a armas de manera ilegal.
De acuerdo con las cifras entregadas por De La Espriella, entre el 1 de enero y el 3 de septiembre la Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estarían relacionadas con la comisión de delitos.
El presidente también señaló que 980 armas estaban vinculadas a disidencias, 551 al Clan del Golfo y 339 al ELN, entre ellas fusiles y morteros.
Sin embargo, el decreto no establece un porte libre o indiscriminado de armas. Los ciudadanos deberán cumplir los requisitos y obtener los permisos correspondientes de las autoridades competentes.
El Gobierno sostiene que la medida busca diferenciar entre quienes acceden legalmente a un arma y quienes las utilizan de manera ilegal, mientras mantiene controles sobre la tenencia y el porte.
De La Espriella afirmó que la prioridad será combatir el poder de fuego de las estructuras criminales y retirarles las armas que utilizan para cometer delitos.
