La modificación, aprobada el 1 de septiembre, contempla la inhabilitación de personas señaladas por el Estado de participar en “actos golpistas”, “traición a la patria” o de solicitar intervención militar o extranjera.
La nueva duración del mandato aplicará tanto para futuros gobernantes como para las autoridades actualmente en funciones. En 2024, otra reforma había ampliado el periodo presidencial de cinco a seis años y establecido la figura de copresidenta para Rosario Murillo, esposa de Ortega.
Los cambios se producen en medio de una fuerte concentración del poder en la familia Ortega-Murillo y tras años de persecución contra sectores opositores. Desde las protestas de 2018, numerosos dirigentes, intelectuales y religiosos han sido detenidos o han salido al exilio.
Organizaciones opositoras han advertido que las nuevas disposiciones podrían facilitar la exclusión de candidatos críticos del Gobierno, debido a que las causales de inhabilitación utilizan términos que consideran amplios y susceptibles de aplicación arbitraria.
La reforma generó críticas internacionales. Estados Unidos y varios países de la región han cuestionado las modificaciones, mientras la Organización de Estados Americanos convocó una reunión para analizar posibles respuestas.
