A afectados por el sismo siguen llegando facturas de servicios públicos

Desde Sevilla, municipio del norte del Valle del Cauca y considerado como uno de los más afectados por el terremoto del 10 de agosto del año en curso, se emprendieron las acciones legales para que la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos de manera urgente ordene la inspección, vigilancia y control sobre empresas como Celsia, Acuavalle y Gases de Occidente, las cuales operan en el departamento, y frene los cobros que resulten improcedentes a los damnificados por el sismo.

La petición, que cuenta con el respaldo de diferentes estamentos ciudadanos, es liderada por el exconcejal de la población cafetera Andrés Mauricio Quenguán, quien manifiesta con preocupación cómo a algunos inmuebles que fueron destruidos parcialmente o en su totalidad, la semana pasada les llegaron a sus propietarios facturas de cobro por parte de estas entidades. «Si una familia perdió su casa no puede quedar atrapada en una doble carga económica: un arriendo de un sitio donde vivir y al mismo tiempo deudas de servicios públicos de una vivienda que quedó en escombros», precisa el dirigente sevillano.

De acuerdo con las cifras oficiales que aún están en proceso de consolidación, cerca de 13 700 viviendas del Valle del Cauca quedaron totalmente destruidas y, en Sevilla, 406 quedaron en ruinas, situación que motiva la solicitud que ya fue radicada ante la Superservicios.

«Al caído no hay que caerle, hay que ayudarle a levantarse. Para quienes lo perdieron todo, la emergencia continúa; y la protección de sus derechos también», puntualizó.

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