El anuncio fue realizado durante el Congreso Nacional de Hospitales y Clínicas por Iván Sánchez, vocero del equipo de salud del mandatario electo, quien explicó que los recursos se distribuirán de manera priorizada y bajo estrictos mecanismos de control.
Según el plan, 4 billones de pesos se destinarán al pago de nóminas atrasadas y deudas críticas con hospitales y clínicas; 3 billones garantizarán el suministro de medicamentos y la reactivación de tratamientos suspendidos; 2 billones servirán para atender pacientes con enfermedades crónicas y catastróficas, mientras que un billón fortalecerá entidades como el Invima.
El nuevo Gobierno también instalará el 7 de agosto una mesa nacional para establecer el monto real de las deudas acumuladas entre 2022 y 2026, definir una ruta de pago y concertar compromisos entre EPS, IPS, autoridades, pacientes y demás actores del sistema.
Además, ese mismo día comenzará una mesa técnica para revisar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de 2027 y evaluar un posible ajuste extraordinario para 2026, siempre que exista respaldo técnico y disponibilidad presupuestal.
Desde el equipo de empalme aseguran que el objetivo es recuperar la capacidad de atención del sistema, garantizar la continuidad de los tratamientos y brindar mayor transparencia en el manejo de los recursos destinados a la salud.
