De acuerdo con el organismo de control, el exmandatario, quien estuvo al frente de la administración municipal entre 2020 y 2023, no remitió los acuerdos municipales aprobados por el Concejo durante cerca de 18 meses, incumpliendo los plazos establecidos.
La decisión fue confirmada en primera instancia por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Buga, que señaló que la omisión se extendió durante toda la vigencia de 2020 e incluso hasta el 15 de julio de 2021.
Según el ente de control, la falta de envío de esta información impidió que se realizara la revisión de constitucionalidad y legalidad correspondiente por parte de la Gobernación del departamento.
La Procuraduría concluyó que con esta conducta Mejía Londoño vulneró los principios de celeridad y responsabilidad que rigen la función administrativa, por lo que calificó la falta disciplinaria como grave cometida a título de culpa gravísima.
