Si en el patio de una casa cayera de repente un platillo volador, el propietario quedaría atónito, perplejo y paralizado al ver cómo de la nave descienden en fila algunos personajes que comienzan a realizar actividades como si fueran a quedarse allí, sin explicación ni aviso previo.
Algo semejante sintieron los habitantes del corregimiento de Vallejuelo, en Zarzal, hace más de un mes, cuando observaron la llegada de buses repletos de personas que pretendían asentarse en una finca con el argumento de pertenecer a un gremio de afrodescendientes de Cali.
Semanas después ocurrió algo similar en un predio de San Pedro, donde arribó una comunidad procedente de El Cerrito. Y esta misma semana llegaron más chivas, esta vez con indígenas del Cauca, con el aval de la Agencia Nacional de Tierras y la Sociedad de Activos Especiales.
La reacción no se hizo esperar: campesinos de Sevilla, Bugalagrande y Tuluá protestaron señalando que las dependencias del gobierno central han tomado decisiones sin consultar en lo más mínimo a las autoridades territoriales. Y tienen toda la razón, pues no ha habido consultas, diálogos ni acuerdos que permitan esclarecer los objetivos de estas ocupaciones.
Como consecuencia, los manifestantes bloquearon la doble calzada a la altura de La Paila y amenazan con más acciones similares, hasta tanto no se aclaren los puntos en disputa. Esta situación preocupa, en primer lugar, a los mandatarios locales directamente afectados y, en segundo lugar, a toda la región centrovallecaucana, que ve con temor los problemas de movilidad y orden público que podrían agudizarse.
Los alcaldes temen adjudicaciones sorpresivas de tierras sin que existan proyectos productivos, planes de desarrollo habitacional ni garantías básicas de alimentación, educación, saneamiento ambiental, agua potable y energía. En otras palabras, improvisación total, lo que obliga a las autoridades a dar soluciones pasajeras que solo aumentan la inseguridad ya existente en la región.
Esta dinámica, además, enfrenta a campesinos e indígenas, ambos con necesidades reales y cansados de promesas incumplidas, generando más división en lugar de soluciones. Por ello, se hace necesario estudiar a fondo la legalidad y los objetivos de estas mingas que buscan posesionarse de terrenos, pues existen dudas sobre la verdadera identidad de algunos grupos que dicen ser campesinos necesitados. La claridad es vital para evitar engaños y propósitos oscuros, y garantizar que el acceso a la tierra sea realmente un camino hacia la paz regional y no hacia nuevos conflictos.
El centro del Valle ya ha sufrido con dolor y lágrimas los estragos de la violencia que no cesa en Colombia. Por eso, los mandatarios locales permanecen en alerta. Si no se toman decisiones de fondo, podrían desatarse graves problemas de orden público, lo cual aumentaría la inconformidad social y alimentaría los temores de un pueblo trabajador que solo quiere oportunidades de desarrollo y bienestar para la mayoría.
