Las autoridades confirmaron que las víctimas, siete mujeres y dos hombres, estaban desarrollando labores sociales y humanitarias en una de las zonas más afectadas por el conflicto armado y el narcotráfico.
De acuerdo con el pronunciamiento oficial del gobernador Octavio Guzmán, el grupo de trabajadores se encontraba facilitando el acceso a programas institucionales del Estado en comunidades apartadas del suroccidente colombiano, y su labor nada tenía que ver con operaciones militares. “La institucionalidad no puede ser confundida con la guerra, ni los servidores públicos convertidos en rehenes”, afirmó el mandatario a través de su cuenta oficial de X, al exigir su liberación inmediata.
Los secuestrados fueron identificados como: Sergio Andrés López Gómez, Angélica María Barona, Eivar Alonso Guerrero Anaya, Paola Andrea Maca Chávez, Mónica Alexandra Bambague, Leydi Rocío Guengue, Manuela Caicedo Arango, Elizabeth Yangana y María Elizabeth López. Todos hacían parte de un equipo que trabajaba con Juntas de Acción Comunal, promoviendo el diálogo territorial y el fortalecimiento de la participación ciudadana.
Pese a la claridad de la Gobernación, la estructura armada que se atribuyó el secuestro sostiene que los funcionarios colaboraban con el Ejército Nacional en la instalación de equipos de inhibición de señales, lo cual, según ellos, los convierte en “objetivos militares”. La versión ha sido rechazada por las autoridades, que insisten en el carácter civil y humanitario del equipo.
Este hecho se suma a otros recientes en los que la población ha sido instrumentalizada por los grupos armados ilegales en el departamento del Cauca. La región, particularmente el cañón del Micay, se ha convertido en una de las zonas más disputadas del país por su valor estratégico para el narcotráfico y la minería ilegal. La presencia de estructuras como el frente Carlos Patiño, la Segunda Marquetalia y el ELN ha agravado la situación humanitaria.
