Miles de colombianos podrían ser expulsados de EE. UU. por nueva política de Trump

Miles de colombianos que viven legalmente en Estados Unidos podrían verse afectados por una nueva política migratoria impulsada por la administración de Donald Trump, que obligaría a muchos extranjeros a salir del país para tramitar la residencia permanente o ‘green card’.

La medida, planteada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), establece que quienes tengan visas temporales deberán regresar a su país de origen para solicitar la residencia, salvo en “circunstancias extraordinarias”.

El cambio modificaría radicalmente el sistema conocido como “adjustment of status” (Ajuste de estatus), mecanismo que durante décadas permitió a millones de inmigrantes obtener la residencia sin abandonar Estados Unidos.

Según David Bier, experto migratorio del Instituto Cato, la decisión tendría un fuerte impacto sobre trabajadores con visas H-1B y L-1, estudiantes, cónyuges de ciudadanos estadounidenses y beneficiarios de peticiones familiares.

“USCIS pasó de abandonar silenciosamente el sistema de inmigración legal a prácticamente retirarse por completo del procesamiento de 1,2 millones de solicitudes de residencia permanente”, afirmó Bier.

La medida también afectaría a miles de colombianos. Datos del DHS muestran que cada año entre 18.000 y 25.000 colombianos obtienen la residencia permanente en EE. UU., muchos de ellos mediante ajuste de estatus dentro del país.

Expertos advierten que obligar a estas personas a salir podría ocasionar pérdida de empleos, cancelación de procesos migratorios y restricciones para regresar a territorio estadounidense.

Además, los solicitantes quedarían sometidos a procesos consulares en el exterior, donde las negativas de visa suelen ser prácticamente inapelables.

“Cuando las personas sean rechazadas y su estatus migratorio haya expirado, podrán ser arrestadas y deportadas”, advirtió Bier.

La medida ya genera polémica entre expertos y organizaciones migratorias, que anticipan posibles demandas judiciales contra la administración Trump.

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