La situación representa un problema adicional para las familias que deben reclamar a sus seres queridos fallecidos. En algunos casos, los traslados entre Cali y Palmira pueden costar hasta $380.000, un gasto que deben asumir los dolientes en medio de los trámites y el duelo.
El cierre también genera preocupación por la demanda de estos servicios en una ciudad que registra, en promedio, entre 85 y 90 homicidios al mes. Diferentes sectores han cuestionado que, casi ocho semanas después del terremoto, la sede continúe sin prestar sus servicios con normalidad.
Dos semanas después del sismo, el director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, ya había advertido que la edificación debía permanecer cerrada debido a las afectaciones encontradas.
Según explicó en ese momento, evaluadores de la aseguradora, un ingeniero especializado en patología estructural y personal de Gestión del Riesgo revisaron el inmueble. La inspección evidenció daños principalmente en el tercer y cuarto piso, con caída de techos y muros, además de grietas en las paredes.
“Creemos que la estructura va a quedar fuera de servicio durante un tiempo”, señaló Cortés.
El funcionario indicó entonces que Medicina Legal buscaba alternativas para trasladar equipos y mantener servicios como toxicología, genética, estupefacientes, patología y morgue para atender las necesidades de Cali y el Valle del Cauca.
Sin embargo, cerca de seis semanas después de esas declaraciones, la sede continúa cerrada y los cuerpos siguen siendo trasladados a otros municipios mientras se define una solución para recuperar la atención forense en Cali.
