La medida está contemplada en el Decreto Legislativo 560 de 2020 y en el reglamentario 842 de 2020, que permite a los empresarios afectados por la disminución de actividades e ingresos, con ocasión de la pan-demia generada por el coronavirus COVID 19, suscribir con sus acreedores acuerdos de pago para atender sus obligaciones, y preservar su actividad económica para proteger el empleo.
“Lo primero que quiero decir es que la Clínica San Francisco no está quebrada ni tampoco intervenida y lo que hemos hecho es acogernos a este mecanismo que creó el gobierno y que nos permite trabajar con la tranquilidad de que en 90 días no vamos a recibir embargos u otros procesos en contra”, dijo Adriana Ramos, quien hace parte de la junta directiva de la casa de salud.
De acuerdo con lo indicado por la vocera, en la actualidad como parte del proceso puesto en marcha se está negociando una deuda que asciende a los 26 mil millones de pesos contraídas con acreedores y salarios y otras obligaciones.
Un parte de tranquilidad
Por su parte, Luis Felipe Campo dijo que desde su papel de mediador designado por la Cámara de Comercio de Tuluá le quiere enviar un mensaje de tranquilidad a los tulueños y vallecaucanos en que la clínica San Francisco no se va a cerrar y por el contrario, con esta iniciativa, la cual ya fue socializada con los empleados esta semana, se da inicio al camino de salvamento.
”La San Francisco es la primera en Colombia en acogerse al decreto presidencial y estamos confiados que en tres meses podamos firmar un acuerdo satisfactorio con los acreedores”, indicó.
