Luego de dos años, el lugar que otrora era sinónimo de seguridad está convertido en un dolor de cabeza para los habitantes de Aguaclara, pues son constantes las alteraciones del orden público. El más reciente se dio el pasado miércoles cuando la disputa de dos retenidos generó una asonada que derivó en un intento de fuga obligando a un despliegue tanto de policía y ejército lo que causó pánico entre los aguaclareños.
“Es una situación que nos tiene muy preocupados, pues el CAI, que era para nuestra seguridad, está convertido en un grave problema y ya no sabemos cuándo se van a alterar los ánimos y quedamos en medio de una confrontación que no nos corresponde”, dijo Liliana Ríos, habitante del sector.
Hay negligencia total
José Martín Hincapié Álvarez, personero delegado para los Derechos Humanos de Tuluá, calificó la situación como una bomba de tiempo y lamentó que, a pesar de los insistentes llamados hechos desde ese despacho, el Inpec y el Ministerio de Justicia se sigan haciendo los de la vista gorda.
De acuerdo con el Ministerio Público, en la actualidad hay 136 personas privadas de la libertad, de las cuales 126 son hombres y 10 mujeres que han sido capturados por diferentes delitos. Varios de los retenidos están indiciados por delitos de alto impacto como homicidio y extorsión, lo que hace más compleja la situación.
DATO : En el CAI de Agua-clara hay doce cel-das con un hacinamiento que supera el 150% en condiciones crítico.
“Nos preocupa que hechos como el vivido el miércoles que por fortuna fue conjurado por nuestra fuerza pública, se repita y se ponga en riesgo a gente inocente como la que reside en el centro de reclusión transitorio”, precisó Hincapié Álvarez.
De acuerdo con el funcionario, a las personas privadas de la libertad les han sido vulnerados sus derechos a la salud, la familia y la seguridad física en un espacio que está lejos de reunir las condiciones para albergar a estas personas.
Al respecto desde la secretaría de Gobierno de Tuluá se informó que en la actualidad está vigente un convenio entre el municipio de Tuluá y el Inpec a través del cual el ente territorial aporta un recurso y la entidad nacional recibe los capturados. “Como municipio hemos cumplido con lo pactado y desconocemos por qué las puertas de la cárcel de mediana seguridad de Tuluá siguen cerradas”, dijo la fuente consultada por EL TABLOIDE.
En medio de la situación sigue la gente de Aguaclara que vive en medio de la incertidumbre a la espera de que en cualquier momento estalle una nueva revuelta.
