El cobro fue establecido mediante el Decreto 338 del 26 de agosto y, según la administración distrital, corresponde a los generadores de carga, es decir, importadores y exportadores. Sin embargo, Fedetranscarga sostiene que, en la práctica, el valor terminará impactando toda la cadena logística.
El gremio cuestiona además que la Alcaldía haya definido el cobro como un “precio público”, pues considera que realmente tendría características de una tasa tributaria. Su argumento es que quienes movilizan mercancías desde el puerto no cuentan con una vía alternativa para evitar el pago, por lo que no existiría una verdadera voluntariedad.
La preocupación también está relacionada con el posible recaudo. Por Buenaventura circulan entre 5.000 y 6.000 tractocamiones diariamente, con una carga promedio de 35 toneladas. De acuerdo con las estimaciones del gremio, el cobro podría generar más de $30.000 millones al año.
Los transportadores advierten que el incremento podría reflejarse en los costos de importación y exportación y, eventualmente, en el precio de productos para los consumidores. También señalan que mayores costos para las exportaciones podrían afectar la competitividad del país.
Mientras crece la controversia, el sector transportador cuestiona la legalidad de la medida y pide revisar sus efectos sobre la cadena logística nacional.
