Una de las primeras acciones se realizó en Buenaventura, donde fueron trasladados 120 presos hacia diferentes establecimientos penitenciarios, incluidos centros de máxima seguridad. Según el Gobierno, la medida busca impedir que continúen coordinando actividades criminales desde las cárceles.
También fue ordenado el traslado de alias Firu, señalado de pertenecer a las disidencias de las Farc en Antioquia, después de denuncias sobre el supuesto uso de dispositivos y redes sociales para mantener comunicación con integrantes de su estructura.
Otro de los casos fue el del exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía, condenado a 21 años y siete meses de prisión por corrupción, quien fue trasladado de la Escuela de Carabineros de Cali a la cárcel de Villahermosa.
El Gobierno anunció además que estudia la creación de pabellones especiales para internos de alta peligrosidad, la construcción de al menos diez megacárceles y la posibilidad de implementar un buque cárcel.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, señaló que estas medidas hacen parte de una estrategia para fortalecer la seguridad penitenciaria y evitar que los delincuentes continúen operando desde los centros de reclusión.
